El rol de los estados frente a las multinacionales: Argentina y el caso Benetton

 

Carlos Benítez Trinidad
Mestre en Estudios Iberoamericanos por la Universidad de Sevilla (España)
e-mail: carlos.bt.86@gmail.com

Resumen: El presente trabajo pretende explorar el papel de los estados y su soberanía frente a una economía subordinada al capitalismo globalizado teniendo como una de sus consecuencias la falta de defensa de los pueblos indígenas frente a los expolios de las grandes multinacionales. En este caso en concreto se analizará a la empresa Benetton y su negocio de la tierra en Argentina y como esto está afectando a las comunidades mapuches de la región.

Palabras clave: Gobierno Argentina, corporaciones transnacionales, desarrollo indígena, globalización, neoliberalismo. 

 

The Role of the States Against the Multinationals: Argentina and the Benetton Case

Abstract: The present work seeks to explore the role of the nations about their sovereignty against an economy under the rules of the globalize capitalism. One of their consequences are the vulnerability of the indigenous people against the multinationals’ power. Exactly in this case, it will be analyzed the company Benetton and its affairs in Argentina, and how this is changing the “mapuches” communities of the region.

Key Words: Argentinian Government, transnational corporations, indigenous development, globalization, neoliberalism.

Introducción

Las grandes empresas transnacionales han ido adquiriendo cada vez más influencia y poder con el avance del capitalismo global durante el último siglo. Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países, teniendo más capital y potencial las empresas que la suma del PIB de varios países juntos. Ya que las compañías multinacionales han sido las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta queden sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales.

En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo causados por la expansión de estas empresas multinacionales: daños medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de abusos cometidos y de violaciones de los derechos humanos.

La multinacional Benetton en Argentina

En 1896, el presidente argentino Uriburu, otorgó a ciudadanos británicos cerca de 900.000 hectáreas de tierra, a pesar de la legislación que prohíbe las donaciones tan extensas y la concentración de tierra, de más de 400.000 hectáreas, para una sola persona o empresa. Poco después las tierras se vendieron a la Argentinian Sur Land Company Ltd, violando una vez más la ley que prohíbe la venta con fines de lucro de los terrenos donados.

En 1975 un grupo de inversores argentinos compró un paquete de acciones de esa empresa, que invertía en el campo de la agricultura y la cría de animales, cuyo nombre cambió en 1982, tras la nacionalización, en la Compañía de Tierras Sud Argentino SA (CTSA). En 1991, la empresa italiana Benetton lo compró por 50 millones de dólares para el control a través de la celebración de la CTSA Estate Edition Real, convirtiéndose en el mayor terrateniente del país, con 900.000 hectáreas de tierra, de los cuales 884.000 están en la Patagonia.

Benetton cría en esa tierra 260 000 cabezas de ganado vacuno, ovino y caprino para la producción de casi 600.000 kilos de lana para la exportación a Europa cada año, más de 16.000 cabezas de ganado vacuno son sacrificados.

La compañía italiana también invirtió 80 millones de dólares en otros activos, incluyendo dominar a la policía para controlar la zona, la construcción de un centro turístico y la creación del Museo Leleque que pretende contar y preservar la memoria de la Patagonia y  los indígenas Mapuche. También la multinacional controla todas las instituciones locales y tiene fuerte influencia en las instituciones nacionales. Para su plan de inversiones, que incluye proyectos de reforestación, sobre todo de pino, a un ritmo de 400 hectáreas por año, Benetton recibe subvenciones del gobierno de Argentina.

La adquisición de tierras por parte de Benetton implica el desarraigo de la comunidad mapuche, todos los días desalojados de sus tierras ancestrales, con serias amenazas a sus medios de subsistencia basada en la agricultura y la ganadería.

El plan de reforestación del Grupo Benetton no tiene en cuenta el impacto de la plantación de árboles no nativos y exóticos, como el pino, que alteran la biodiversidad del territorio Mapuche. Los pinos, siendo árboles de rápido crecimiento, consumen gran cantidad de agua que sale de la tierra, secando el suelo y no contribuyen a mejorar el efecto invernadero, ya que para este propósito las que realmente sirven son los árboles de crecimiento lento. Por otro lado el cierre de caminos rurales dificulta la comunicación entre los diferentes lugares y es imposible acceder a los cursos de agua y a varias reservas mapuches.

El empleo que Benetton ofrece a los habitantes de la zona no cumple con las condiciones mínimas de trabajo y facilita el fenómeno de la discriminación laboral contra los mapuches (Hacher, 2003). La labor de esta multinacional constituye una violación sistemática de la propia Constitución argentina, que el Estado no aplica en su totalidad. La Constitución de la República Argentina, de hecho, reformada en 1994, en el artículo 75, reconoce no sólo la diversidad étnica y cultural, la preexistencia de los pueblos indígenas, sino también la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, la personalidad jurídica de la comunidad que se identifican como tales y la participación en la gestión de los recursos naturales. Además, la ley de la Provincia de Chubut 3657, art. 34: “Se respeta la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto de su identidad (…) se reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente han ocupado.”

Por tanto se ve que hace falta instaurar mecanismos para el control de las operaciones de las compañías multinacionales. Esto quiere decir, por una parte, someter a Derecho todas las prácticas que atenten contra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y, por otra, ajustar sus actividades al derecho al desarrollo y a la soberanía de los pueblos y naciones. Sin embargo, la realidad parece transcurrir justamente en sentido contrario: el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal se ha ido perfeccionando cuantitativa y cualitativamente, a la vez que el control de las grandes empresas se ha ido vinculando con los sistemas voluntarios y unilaterales que han ido penetrando en las instituciones internacionales.

Con todo ello, se hace evidente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las empresas transnacionales, que se protegen mediante los múltiples acuerdos que forman el nuevo Derecho Corporativo Global –que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida se dejan en manos de la ética empresarial y de los acuerdos voluntarios. Dicho de otro modo: mientras la seguridad jurídica de los contratos y de los negocios de las compañías multinacionales se tutela desde la fortaleza de la lex mercatoria, la ciudadanía no dispone de sistemas normativos y de mecanismos de control eficaces para verificar el cumplimiento de los derechos humanos.

Esto se ve en la impunidad de Benetton a la hora de violar el derecho, basándose en el derecho a la propiedad privada, desconociendo (convenientemente) la legislación vigente que reconoce los derechos a los Pueblos Originarios. Estos derechos están consagrados y establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 34 de la Constitución de Chubut.

Historia del caso

El caso comenzó cuando en agosto de 2002, el matrimonio compuesto por Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir, indios mapuches, ocuparon el lote Santa Rosa, de 535 hectáreas, a raíz de un comunicado enviado por un empleado del Instituto Autárquico de Colonización (IAC, fundada en 1957, que trabaja en la promoción de la colonización y el desarrollo de la tierra en la región de Chubut), informándoles de que se trata de tierras fiscales no explotadas. Ese mismo año, en septiembre, la empresa italiana Benetton denuncia al matrimonio Curiñanco por ocupación ilegal de la tierra y ejerce presión sobre otras familias que viven en el territorio comprado por Benetton. Al mes siguiente la policía (comprada y financiada por Benetton) desaloja por la fuerza a las familias, demoliendo sus hogares.

A pesar de las protestas y de la toma de tierra, un juez dictamina en mayo de 2003 que las familias deben abandonar las tierras. El caso salta a la opinión pública internacional de mano de la Organización Mapuche Internacional, por una carta enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a Luciano Benetton que fue publicada en la prensa italiana en julio de 2004.

A lo largo de 2004 y 2005, Benetton intentó un acercamiento a las comunidades ofreciéndole tierras dentro de sus dominios, como en noviembre de 2004 con el ofrecimiento de la donación de 2500 hectáreas que los mapuches rechazaron alegando que “Benetton no puede dar algo que no le pertenece”. Otro intento de la multinacional italiana fue la concesión de 7500 acres de terreno un año después al Gobierno de la Provincia de Chubut para “concretar un proyecto sustentable en beneficios de las familias aborígenes de la región” (Agosto y Briones, 2006).

A lo largo de estos dos años (2004/05) los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las comunidades serán continuos, como cuando ocuparon muchos activistas mapuches las carreteras que conectaban la región con las tierras, impidiendo las comunicaciones, esto supuso la fuerte intervención policial, la detención de activistas mapuches y la expulsión de varias familias que vivían en esas tierras (Benetton Group. 8 diciembre 2006).

El año de 2007 supuso un punto de inflexión en la lucha de las comunidades mapuches por la recuperación de la tierra (Agosto, 2007). Ya que el 14 de febrero de ese año, la Comunidad Mapuche de Santa Rosa de Chubut recuperó 625 hectáreas apropiadas por Benetton animando a las comunidades que denunciaron por usurpación a la empresa Tierras del Sud Argentino, del grupo Benetton. A pesar de los logros, la justicia y las autoridades argentinas siempre favorecieron a la multinacional, viéndose esto en el dictamen en marzo de ese año, del fiscal Omar Magallanes, de que las comunidades mapuches no  pueden encender fuego, construir edificios, u otras prácticas de negocios en el territorio recuperado en febrero de 2007 (Ibid.). Presionando así a las comunidades. Dictamen que retiró al año siguiente tras una inspección, ya que según Benetton las actividades de las comunidades eran perjudiciales para la tierra, situación que el fiscal comprobó que no era cierta.

El 24 de mayo de 2009 (Ibid.)los representantes de las comunidades indígenas de todo el mundo se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York para denunciar la explotación de los recursos y territorios indígenas, en contra del derecho internacional, incluido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007. La declaración afirma que los gobiernos y las empresas para iniciar la cosecha en los territorios indígenas sólo pueden hacerlo con el consentimiento previo de las comunidades residentes. También requiere que las negociaciones se basen en el principio de igualdad entre las partes.

El problema lejos de terminar, sigue en pie, con la lucha entre la multinacional y las comunidades. En marzo de este mismo año se ordenó el desalojo a la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque a poco tiempo de celebrarse los 4 años de reafirmación territorial.

Una vez más la justicia, a través del juez Omar Higinio Magallanes, responde a los pedidos del magnate italiano Luciano Benetton, quién a través de la “Compañía Tierras del Sud Argentino” lo venían solicitando.

Señalar una curiosa declaración de una mujer mapuche llamada Rosa Rua Nahuelquir que dijo al diario El Chubut que “más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el Pueblo Mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra: la justicia no existe, existe la injusticia” (Diario el Chubut 14-02-2011).

La lucha por la recuperación de tierras es algo que afecta también a los grandes estancieros argentinos que ven peligrar sus propiedades. El caso más paradigmático en la misma región fueron los estancieros de Chubut que iniciaron una campaña donde descalificaron a las comunidades Mapuche-Tehuelche por recuperar tierras, a la vez “solicitaban” a la justicia tener en cuenta el sagrado derecho civil a la propiedad privada. Los terratenientes ven como un problema lugares como Leleque, Gan Gan y la zona de la cordillera.

En declaraciones al diario El Patagónico, Ernesto Siguero, presidente de la Federación de Sociedades Rural del Chubut consideró que “pseudo comunidades aborígenes” se han instalado en campos de algunos de los asociados de esa entidad ruralista. Según su denuncia, se trata de “gente que dice ser de pueblos originarios”, pero no lo sería (Diario El Patagónico, 03-03-2011). No deja de ser curioso cuando entra dentro de la descalificación la no pertenencia completa al título de aborigen.

A causa de la apropiación salvaje por parte de grandes terratenientes y multinacionales de las tierras y los recursos pertenecientes a ellas de las comunidades mapuches, que la habitan desde tiempos remotos, mucho antes que esas compañías existiesen, antes de la creación del estado argentino e incluso antes de la llegada de los europeos, el pueblo Mapuche se organiza. Ante las estrategias utilizadas por estos agentes que defienden sus intereses capitalistas, el pueblo Mapuche ha construido espacios de encuentro entre comunidades y con organizaciones no mapuches que enfrentan similares amenazas y saqueos. La necesidad de compartir las diferentes experiencias de lucha, intercambiar las distintas visiones del mundo, genera el respeto por la diversidad y construye las estrategias colectivas que forman la base de la red de resistencia, en las que las voces del pueblo Mapuche se va expresando desde la memoria histórica de sus luchas ancestrales.

Conclusión

La justificación que han utilizado los Estados y las empresas multinacionales para intimidar, desplazar y, prácticamente, eliminar del mapa a muchas comunidades indígenas ha sido la necesidad de explotar los recursos naturales que albergan sus territorios, para incorporarlos a la maquinaria de producción y consumo del sistema económico global. Pero la visión que de estos hechos han ido teniendo las sociedades y las instancias internacionales ha ido cambiando. Especialmente, a lo largo de las tres últimas décadas.

Con todo y con ello, a pesar de que se trate de afianzar el mito de que los pueblos indígenas son atrasados y se oponen al progreso, y de que se contraponga de manera artificial el derecho de los pueblos indígenas con el interés nacional, las organizaciones y redes internacionales de solidaridad van a seguir denunciando los impactos sociales, ambientales y culturales de las actividades de las empresas transnacionales sobre los pueblos indígenas. Porque, después de más de treinta años de políticas neoliberales, no parece que toda esta modernización forzada de nuestras sociedades esté sirviendo para paliar las desigualdades y resolver los conflictos sociales. Y, en ese sentido, lo que se continuará demandando es, sencillamente, el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro (Moro, 2010).

Una de las herramientas utilizadas en la búsqueda de justicia alternativa han sido las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que el régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad en el que se enmarca la actuación generalizada de las corporaciones transnacionales en relación al derecho indígena hace necesarios mecanismos adicionales a los de la justicia ordinaria. Así, en las diferentes sesiones del TPP (nota 1) realizadas en los últimos cuatro años, los representantes de los pueblos afectados por las violaciones de los derechos humanos cometidas, de manera directa o indirecta, por las multinacionales no sólo encuentran un espacio para expresar sus demandas, sino que asumen además un papel de agentes de la justicia.

En definitiva, ésta y otras experiencias de denuncia del poder corporativo confirman que las poblaciones y los movimientos sociales de la región están inmersos en largo proceso para rehabilitar la acción política como un ejercicio de los pueblos y, a través de ella, defender la primacía de los derechos y bienes universales y comunales contra su apropiación por parte de las compañías multinacionales.  Todo ello cobra sentido para que podamos reflexionar acerca de cómo los seres humanos, que nacen libres e iguales en dignidad y derechos recuperan, en el marco de una sociedad democrática y participativa, el poder de decisión sobre sus propios destinos. Y poder lograr así, en definitiva, evitar la vulneración de los derechos humanos que sufren las mayorías sociales del planeta.

El tema que está debajo de todo el conflicto entre Benetton y los Curiñanco-Nahuelquir, es la soberanía nacional del estado. Un gobierno necesita tener la habilidad de controlar lo que pasa en su propio territorio con sus propios recursos naturales y ver como esto afecta los derechos de la población, especialmente los que son minorías. Esto es difícil cuando el mercado internacional y el poder económico empiezan a estar involucrado pero el trabajo del gobierno es ser intermediario entre los grupos domésticos y foráneos (Bayer, 2006). La presencia fuerte de los extranjeros en la Patagonia no es algo que va a desaparecer en el futuro, pero seguramente va a crecer más con la falta mundial de petróleo. Este conflicto entre lo moderno y lo tradicional no existe solamente en la Patagonia, está ocurriendo en todos los países que se están desarrollando y no hay solución fácil. Es inevitable que el mercado mundial va a ganar esta lucha entre los dos sistemas salvo que el estado intervenga y proteja a su propia gente desde este proceso.

El rol del estado nacional ha cambiado mucho en el siglo de globalización. El papel del estado no es simplemente proteger a su población de las fuerzas de otros países, también de las fuerzas de la economía que ahora amenazan a los derechos de cualquier país. La soberanía del estado, también incluso el poder de controlar  lo que pasa en su territorio y la fuerte presencia extranjera muestra que esto no es la realidad en la Argentina. Las leyes y las prácticas para proteger los derechos indígenas en Argentina no son iguales porque el estado no ejerce su soberanía nacional, en vez de eso, el mercado está manejando las acciones y decisiones del gobierno argentino. Como en el caso del matrimonio Curiñanco y las otras familias, los indígenas no pueden regresar a sus tierras ancestrales que todavía están explotadas por el estado y los extranjeros para sus propias ganancias. Benetton y los otros ricos que son dueños de la Patagonia siguen disfrutando de los recursos naturales allí con el apoyo del gobierno al precio de la violación de los derechos de los indígenas. La sobrevivencia de las comunidades indígenas en el futuro depende del rol que el estado tome para defender a su propia gente de los poderes económicos y muestre su soberanía en su propio territorio.

NOTAS

(1) Entre 2006 y 2010 se han llevado a cabo diversas audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicadas a investigar y sistematizar los impactos de las empresas transnacionales en América Latina, especialmente de las europeas. Cabe destacar las tres sesiones organizadas en conjunto con la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe Enlazando Alternativas que se celebraron en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010).

Referencias bibliográficas

Anaya, J. S. (2005) Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Trotta, Madrid.

Clavero, B. (1994) Derecho indígena y cultura constitucional en América, Siglo XXI Editores, México DF.

Harvey, D. (2004) El nuevo imperialismo, Akal, Madrid.

Hacher, S. (2003). “Corporación Italiana Benetton: Los Colores Unidos de la Usurpación.”  Periódico Mapuche AZkintuWE Küyen, No. 2. Bariloche: Noviembre de 2003.

Agosto, P. y Briones, C. (2007) “Luchas y resistencias Mapuche por los bienes de la naturaleza” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre 2007.

Agosto, P. (2007) “Cronología de los conflictos mapuche en Puelmapu, Argentina 2003-2007” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre 2007.

Moro, A. (2010) “América Latina, a propósito de las resistencias contra las transnacionales”, Pueblos, nº 43, julio de 2010.

Bayer, O (2006). “La ocupación Efectiva de la región Patagónica por parte del Gobierno Argentino: la ‘Conquista del Desierto’ y las Exploraciones por Perito Moreno.” 10 diciembre 2006.

This article was published on October 17th: International Day for the Eradication of Poverty in Global Education Magazine

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